Violadas por ser lesbianas
"Es nuestra responsabilidad asegurar que las
víctimas de violaciones correctivas denuncien los casos", dijo hace un año el
responsable del Ministerio de Justicia sudafricano. Al día siguiente, Millicent
Gaika iniciaba su enésima peregrinación a los juzgados para enfrentarse al
hombre que la violó para "curarle de ser lesbiana". Como las veces anteriores,
regresó a su casa. El juicio fue pospuesto porque ni los testigos ni el médico
que la tendió tras la agresión estaban presentes.
Gaika no es la única. El juicio por el
asesinato de Zoliswa Nkonyane, lesbiana de 19 años, también en Ciudad del Cabo,
se ha pospuesto 32 veces, la última la pasada semana. Los grupos de activistas
en Sudáfrica piden la aprobación de una ley específica para castigar los que
definen como "crímenes de odio", y que mientras tanto sea el Gobierno el que
supervise cada caso.
En mayo se cumplirá un año y un mes de la
agresión a Millicent, de 30 años y vecina del barrio de Gugulethu, uno de los
asentamientos más antiguos de la ciudad y producto del apartheid.Millicent
regresaba a su casa por la tarde, acompañada de sus amigas, cuando otro vecino,
Andile N., a quien ella conocía, le pidió un cigarrillo. Millicent no sabía que
Andile ya tenía una condena por violación ni esperaba que aquel hombre, que
siempre la había tratado con respeto y que sabía que ella es lesbiana, la
asaltara, la metiera en su chabola y la violara durante cinco horas. "Crees que
eres un hombre, pero te voy a enseñar que eres una mujer. Te voy a preñar, vas a
darme un hijo", es lo que le espetó el violador, según la denuncia. Un grupo de
vecinos decidió tirar la puerta abajo y rescatar a Millicent. Pero el horror no
acabó ahí.Pese a la oposición de las activistas, Andile N. obtuvo libertad bajo fianza. Se le prohibió acercarse a Millicent, aunque ambos vivían en el mismo barrio. Él no paraba de acosarla y ella tuvo que cambiar de residencia.
Entonces empezaron las visitas a los juzgados. El último retraso se produjo porque los testigos no fueron avisados. "La policía no hace su trabajo", explica Funeka Soldaat, miembro de Free Gender, una de las más de diez ONG que iniciaron una campaña para recoger firmas contra los "crímenes de odio".
En diciembre, la campaña llegó a internet a través de una petición (en el sitio www.change.org) motivada por el suicidio, el mes anterior, de una lesbiana que había sido asaltada. En pocas semanas recogieron 170.000 firmas de 163 países, y si antes el acceso al Ministerio de Justicia parecía imposible, ahora fueron los responsables del Gobierno los que contactaron con los activistas.
El pasado lunes se reunieron por primera vez en
el Parlamento de Ciudad del Cabo y acordaron adoptar un plan de acción y una
comisión de trabajo para afrontar los peligros que supone ser gay, lesbiana o
transexual en los guetos de las ciudades sudafricanas. "Se pasa miedo, hay una
atmósfera de amenaza a la que te acostumbras... a sobrevivir", dice Soldaat.
Sudáfrica fue el primer país en prohibir en su Constitución la discriminación
por orientación sexual y el primer país africano en legalizar el matrimonio
homosexual. Aun así, las estadísticas de violencia machista son unas de las más
elevadas del mundo.
La situación de la mujer afgana
.
Han pasado casi siete años desde que las tropas occidentales llevaron a la caída del gobierno del Talibán y Afganistán sigue siendo el lugar en el mundo más peligroso para que viva una mujer.
De acuerdo con un informe publicado por la organización no gubernamental británica Womankind, Afganistán tiene uno de los índices más altos en violencia doméstica y mortalidad maternal.
Al mismo tiempo, es uno de los pocos países en el mundo en que las mujeres cometen más suicidios que los hombres.
El motivo por el cual a lo largo de estos años no ha habido un cambio sustancial en la calidad de vida de la mujer afgana se debe, según Womankind, a que tanto las ayudas internacionales como los pequeños cambios en la legislación que permitieron -por ejemplo- el voto femenino o la cuota del 25% de mujeres en la política, no tuvieron éxito en la práctica.
Esto ha traído como resultado que el proceso para incluir a la mujer en la vida política, social y civil ha sido increíblemente lenta, sino nula.
Después de casi siete años, las mujeres siguen inmolándose para escapar de la brutalidad y a niñas de ocho años las siguen casando con ancianos.
Sin embargo, el mayor problema es la violencia. Para ser exactos, estamos hablando de un 80% de mujeres víctimas de la violencia doméstica.
Si seguimos contabilizando en porcentajes, Kathryn Lockett, the Womankind, resalta que "el 60% de los matrimonios son obligados y casi el 57% de las niñas son casadas antes de que cumplan los 16 años, a pesar de que esto es ilegal bajo la nueva legislatura. El problema es que la misma no se implementado suficientemente".
Afganistán también figura entre los países donde más mujeres mueren durante el parto.
La ONG británica advierte que la inseguridad sigue siendo la mayor preocupación de la mujer afgana, pues esto afecta el acceso a la educación y la asistencia sanitaria, así como la participación en la actividad económica y la vida política.
El estudio indica que la mujer de calle corre el riesgo de ser violada por elementos armados, mientras que líderes de la sociedad civil, particularmente en el sur y este del país, pueden ser atacadas y asesinadas por su trabajo.
La situación se torna aún más difícil cuando una mujer denuncia una agresión, pues pueden ser encarceladas, ser víctimas de más abusos esta vez por parte de la policía y ser regresadas a un hogar inseguro para ellas.
"La violencia contra la mujer debe ser manejada de una forma adecuada, al mismo tiempo que se debe asegurar la participación activa de la mujer en la vida política, social y civil", expresa Partawmina Hashemee, activista que trabaja para una de las ONG asociadas a Womankind.
"Al mismo tiempo las organizaciones locales deben ser apoyadas y el gobierno debe tomar medidas para cumplir con sus responsabilidades nacionales e internacionales", agrega.
Las organizaciones locales deben ser apoyadas y el gobierno debe tomar medidas para cumplir con sus responsabilidades nacionales e internacionales
Para lograr cambios profundos en la sociedad y política afgana, la ONG británica considera que el gobierno debe involucrarse más y destinar más recursos para ello.
Han pasado casi siete años desde que las tropas occidentales llevaron a la caída del gobierno del Talibán y Afganistán sigue siendo el lugar en el mundo más peligroso para que viva una mujer.
De acuerdo con un informe publicado por la organización no gubernamental británica Womankind, Afganistán tiene uno de los índices más altos en violencia doméstica y mortalidad maternal.
Al mismo tiempo, es uno de los pocos países en el mundo en que las mujeres cometen más suicidios que los hombres.
El motivo por el cual a lo largo de estos años no ha habido un cambio sustancial en la calidad de vida de la mujer afgana se debe, según Womankind, a que tanto las ayudas internacionales como los pequeños cambios en la legislación que permitieron -por ejemplo- el voto femenino o la cuota del 25% de mujeres en la política, no tuvieron éxito en la práctica.
Esto ha traído como resultado que el proceso para incluir a la mujer en la vida política, social y civil ha sido increíblemente lenta, sino nula.
Después de casi siete años, las mujeres siguen inmolándose para escapar de la brutalidad y a niñas de ocho años las siguen casando con ancianos.
Sin embargo, el mayor problema es la violencia. Para ser exactos, estamos hablando de un 80% de mujeres víctimas de la violencia doméstica.
Si seguimos contabilizando en porcentajes, Kathryn Lockett, the Womankind, resalta que "el 60% de los matrimonios son obligados y casi el 57% de las niñas son casadas antes de que cumplan los 16 años, a pesar de que esto es ilegal bajo la nueva legislatura. El problema es que la misma no se implementado suficientemente".
Afganistán también figura entre los países donde más mujeres mueren durante el parto.
La ONG británica advierte que la inseguridad sigue siendo la mayor preocupación de la mujer afgana, pues esto afecta el acceso a la educación y la asistencia sanitaria, así como la participación en la actividad económica y la vida política.
El estudio indica que la mujer de calle corre el riesgo de ser violada por elementos armados, mientras que líderes de la sociedad civil, particularmente en el sur y este del país, pueden ser atacadas y asesinadas por su trabajo.
La situación se torna aún más difícil cuando una mujer denuncia una agresión, pues pueden ser encarceladas, ser víctimas de más abusos esta vez por parte de la policía y ser regresadas a un hogar inseguro para ellas.
"La violencia contra la mujer debe ser manejada de una forma adecuada, al mismo tiempo que se debe asegurar la participación activa de la mujer en la vida política, social y civil", expresa Partawmina Hashemee, activista que trabaja para una de las ONG asociadas a Womankind.
"Al mismo tiempo las organizaciones locales deben ser apoyadas y el gobierno debe tomar medidas para cumplir con sus responsabilidades nacionales e internacionales", agrega.
Las organizaciones locales deben ser apoyadas y el gobierno debe tomar medidas para cumplir con sus responsabilidades nacionales e internacionales
Para lograr cambios profundos en la sociedad y política afgana, la ONG británica considera que el gobierno debe involucrarse más y destinar más recursos para ello.
El Maltrato en Japón
Un tercio de las mujeres casadas en Japón recibe algún tipo de maltrato físico o psicológico por parte de sus maridos, según un informe del Gobierno.
Del 33,2 por ciento de mujeres que confiesan esos abusos, el 13,3 por ciento aseguró temer por su vida, de acuerdo con la encuesta, realizada entre octubre y noviembre pasados entre 5.000 féminas niponas de distintas edades.
De las encuestadas, otro 13,6 por ciento dijo experimentar a partir de los veinte años de edad actos violentos en la relación con su pareja, mientras que otro tanto indicó que había hecho frente a abusos de su marido en algún momento de los últimos cinco años.
Más de la mitad de las mujeres casadas niponas no comparte ese problema con nadie, frente al 27,6 por ciento que lo hace con amigas o conocidos y el 3 por ciento que confesó los malos tratos a la policía o a las autoridades sanitarias.
Únicamente el 1 por ciento de las mujeres consultadas acudió a centros de asistencia de su provincia o a consultar con un abogado.
Además, más de un tercio de las mujeres que sufren violencia doméstica por parte de sus parejas sentimentales en Japón fue herida o padeció desórdenes mentales.
Japón es una sociedad tradicionalmente machista, donde la mujer, por lo general las de mayor edad, ha asumido un papel de atender al hombre, por lo que a menudo adoptan un rol de sumisión respecto a su pareja.
En 1993, la Sociedad para el Estudio del Maltrato de los Ancianos de Japón, un grupo independiente integrado en su mayor parte por asistentes sociales y académicos, realizó una encuesta nacional en los centros de asistencia de las distintas comunidades. El estudio permitió confirmar la existencia de maltrato a los ancianos en ese país. Sobre la base de los resultados, la Sociedad decidió que la mejor manera de abordar el problema era crear un servicio de orientación telefónica, similar al que ha organizado Acción contra el Maltrato de los Ancianos, en el Reino Unido (60).
El Centro de Prevención del Maltrato de los Ancianos de Japón se creó en 1996, con la ayuda financiera de una organización no gubernamental nacional, con carácter de entidad sin fines de lucro, que ofrece un servicio de orientación telefónica operado por voluntarios, conocido sencillamente como Línea de ayuda. Uno de los miembros de la Sociedad para el Estudio del Maltrato de los Ancianos, director de un hogar para convalecientes, destinó una habitación del hogar que presidía para que se utilizara como oficina y además proporcionó otros tipos de ayuda. El servicio de orientación se anunció en los periódicos, en los centros de apoyo y en otros organismos.
Ahora la Línea de ayuda ofrece una amplia gama de informaciones, así como orientación en temas jurídicos, a toda persona que tenga un problema relacionado con el maltrato de ancianos. También proporciona servicios de atención de salud y de asistentes sociales.
Al principio, todos los consejeros de la Línea de ayuda eran miembros de la Sociedad, pero posteriormente se incorporaron al personal tres voluntarios externos. Todos los días hay dos consejeros a cargo de la asistencia. Los nuevos reciben una capacitación integral y todos asisten a las reuniones mensuales de la Sociedad para intercambiar información sobre el maltrato a los ancianos y examinar sus estudios de casos. Si surge la necesidad, se puede recurrir a profesionales externos para ayudar a tratar los casos especiales.
La Línea de ayuda es solo un servicio telefónico. Si alguien necesita orientación personal en vez de telefónica, el caso se deriva a un centro local de apoyo de servicio domiciliario. La privacidad, la confidencialidad y el carácter anónimo de los que llaman son aspectos fundamentales de la Línea de ayuda.
Once denuncias por maltrato al día en
euskadi
Los juzgados de Euskadi investigaron 4.058 denuncias de violencia de genero durante 2009, dos de ellas con resultado de muerte, lo que supone una media de once presuntas agresiones cada día. Así lo indica un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que advierte también de que el número de procedimientos incoados el pasado año en la comunidad autónoma mantuvo la línea ascendente de ejercicios anteriores: aumentó un 8% respecto a 2008, cuando los jueces vascos contabilizaron 3.739 expedientes, con tres mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas.
Según el CGPJ, si se comparan las denuncias de maltrato sexista tramitadas en Euskadi con el tamaño de la población vasca, la tasa resultante se mantuvo en 2009 entre las más bajas de España, aunque repuntó ligeramente respecto al año anterior -19 presuntos delitos por cada 10.000 habitantes frente a 17,5 en 2008-. No obstante, en el Poder Judicial ha llamado la atención el incremento de procedimientos que tuvo lugar, concretamente, en el partido judicial de Bilbao: con 1.557 expedientes, llegó al 30%, casi cuatro veces superior al aumento medio de Euskadi.
De todos modos, los colectivos de apoyo a las mujeres insisten en que de datos como ése no se desprende necesariamente que los episodios de maltrato sexista sean cada año realmente más numerosos que el anterior, sino que muchas personas que han estado soportándolos en silencio, o que los han presenciado, se han mentalizado y han pedido ayuda a los servicios públicos.
Diferencias territoriales
Sin embargo, las estadísticas del Observatorio de Violencia de Género, un órgano dependiente del CGPJ, confirman que en el País Vasco existe un grupo significativo de mujeres que desisten de continuar con el proceso judicial tras haber denunciado al supuesto agresor. La comunidad autónoma contabilizó 660 renuncias de este tipo durante el pasado año, lo que supone el 16,2% de todos los procedimientos abiertos por las autoridades judiciales. La cifra, que ha merecido la atención del Poder Judicial, es muy parecida a la de 2008. Euskadi registró entonces un 15,5% que figuró entre los índices más elevados de España, sólo superado por Navarra (26,5%), Baleares (21%) y La Rioja (17,6%).
No obstante, el peso relativo de las renuncias no es el mismo en los tres territorios históricos. En Guipúzcoa y Álava, los cargos retirados por las víctimas representaron el 24% de todos los que se presentaron en 2009; es decir, una de cada cuatro mujeres que aseguró haber sufrido maltrato en ambas provincias no llevó el proceso penal hasta el final. En cambio, en Vizcaya las personas agredidas que acabaron desistiendo sólo sumaron el 9,8%, un dato que se sitúa por debajo de la media española (algo más del 12%).
Las diferencias entre las provincias no terminan ahí. De todas las mujeres que se echaron atrás en Guipúzcoa y Álava, las extranjeras se aproximaron al 50% del total. Mientras tanto, las inmigrantes que hicieron lo mismo en territorio vizcaíno fueron el 36%. Según los expertos, que el índice de renuncias totales de Vizcaya sea casi tres veces inferior al alavés y al guipuzcoano podría explicarse, precisamente, porque en su estadística pesan menos las personas procedentes de otros países, que constituyen probablemente el colectivo más vulnerable frente a los malos tratos y también el que se muestra más remiso a pedir ayuda a las autoridades.
Órdenes de protección
La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, aseguró a EL CORREO que las mujeres que retiran las acusaciones contra sus ex parejas suelen actuar de esa manera debido a las presiones de los familiares, al miedo «a perder la custodia del hijo o porque carecen de independencia económica. «A veces, temen quedarse sin dinero para llevar al niño al colegio y pagar la alimentación, ya que el único sueldo es el del varón», explicó. Montalbán, que es vocal del Poder Judicial, atribuyó otros episodios similares, por ejemplo, al rechazo de algunas víctimas a tener que peregrinar por las diferentes administraciones en demanda de auxilio.
En este sentido, las estadísticas del Poder Judicial han detectado un descenso de las órdenes de protección solicitadas por las mujeres en los juzgados vascos durante 2009, una tendencia que se manifestó en términos absolutos y relativos. Los órganos judiciales recibieron 989 peticiones, que equivalían al 24% de las denuncias presentadas en Euskadi. Un año antes se habían tramitado 1.110 solicitudes de protección (casi el 30% de los procedimientos incoados).
De cada diez solicitudes cursadas en la comunidad autónoma durante el año pasado, los jueces concedieron seis, una proporción similar a la de 2008, año en que las solicitudes aprobadas alcanzaron el 57%. Sin embargo, una vez más el partido judicial de Bilbao se elevó sobre la media general: si en 2008 los jueces de la capital vizcaína dieron 'luz verde' al 59 % de las demandas de protección, un año más tarde aprobaron el 74%.
Los juzgados de Euskadi investigaron 4.058 denuncias de violencia de genero durante 2009, dos de ellas con resultado de muerte, lo que supone una media de once presuntas agresiones cada día. Así lo indica un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que advierte también de que el número de procedimientos incoados el pasado año en la comunidad autónoma mantuvo la línea ascendente de ejercicios anteriores: aumentó un 8% respecto a 2008, cuando los jueces vascos contabilizaron 3.739 expedientes, con tres mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas.
Según el CGPJ, si se comparan las denuncias de maltrato sexista tramitadas en Euskadi con el tamaño de la población vasca, la tasa resultante se mantuvo en 2009 entre las más bajas de España, aunque repuntó ligeramente respecto al año anterior -19 presuntos delitos por cada 10.000 habitantes frente a 17,5 en 2008-. No obstante, en el Poder Judicial ha llamado la atención el incremento de procedimientos que tuvo lugar, concretamente, en el partido judicial de Bilbao: con 1.557 expedientes, llegó al 30%, casi cuatro veces superior al aumento medio de Euskadi.
De todos modos, los colectivos de apoyo a las mujeres insisten en que de datos como ése no se desprende necesariamente que los episodios de maltrato sexista sean cada año realmente más numerosos que el anterior, sino que muchas personas que han estado soportándolos en silencio, o que los han presenciado, se han mentalizado y han pedido ayuda a los servicios públicos.
Diferencias territoriales
Sin embargo, las estadísticas del Observatorio de Violencia de Género, un órgano dependiente del CGPJ, confirman que en el País Vasco existe un grupo significativo de mujeres que desisten de continuar con el proceso judicial tras haber denunciado al supuesto agresor. La comunidad autónoma contabilizó 660 renuncias de este tipo durante el pasado año, lo que supone el 16,2% de todos los procedimientos abiertos por las autoridades judiciales. La cifra, que ha merecido la atención del Poder Judicial, es muy parecida a la de 2008. Euskadi registró entonces un 15,5% que figuró entre los índices más elevados de España, sólo superado por Navarra (26,5%), Baleares (21%) y La Rioja (17,6%).
No obstante, el peso relativo de las renuncias no es el mismo en los tres territorios históricos. En Guipúzcoa y Álava, los cargos retirados por las víctimas representaron el 24% de todos los que se presentaron en 2009; es decir, una de cada cuatro mujeres que aseguró haber sufrido maltrato en ambas provincias no llevó el proceso penal hasta el final. En cambio, en Vizcaya las personas agredidas que acabaron desistiendo sólo sumaron el 9,8%, un dato que se sitúa por debajo de la media española (algo más del 12%).
Las diferencias entre las provincias no terminan ahí. De todas las mujeres que se echaron atrás en Guipúzcoa y Álava, las extranjeras se aproximaron al 50% del total. Mientras tanto, las inmigrantes que hicieron lo mismo en territorio vizcaíno fueron el 36%. Según los expertos, que el índice de renuncias totales de Vizcaya sea casi tres veces inferior al alavés y al guipuzcoano podría explicarse, precisamente, porque en su estadística pesan menos las personas procedentes de otros países, que constituyen probablemente el colectivo más vulnerable frente a los malos tratos y también el que se muestra más remiso a pedir ayuda a las autoridades.
Órdenes de protección
La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, aseguró a EL CORREO que las mujeres que retiran las acusaciones contra sus ex parejas suelen actuar de esa manera debido a las presiones de los familiares, al miedo «a perder la custodia del hijo o porque carecen de independencia económica. «A veces, temen quedarse sin dinero para llevar al niño al colegio y pagar la alimentación, ya que el único sueldo es el del varón», explicó. Montalbán, que es vocal del Poder Judicial, atribuyó otros episodios similares, por ejemplo, al rechazo de algunas víctimas a tener que peregrinar por las diferentes administraciones en demanda de auxilio.
En este sentido, las estadísticas del Poder Judicial han detectado un descenso de las órdenes de protección solicitadas por las mujeres en los juzgados vascos durante 2009, una tendencia que se manifestó en términos absolutos y relativos. Los órganos judiciales recibieron 989 peticiones, que equivalían al 24% de las denuncias presentadas en Euskadi. Un año antes se habían tramitado 1.110 solicitudes de protección (casi el 30% de los procedimientos incoados).
De cada diez solicitudes cursadas en la comunidad autónoma durante el año pasado, los jueces concedieron seis, una proporción similar a la de 2008, año en que las solicitudes aprobadas alcanzaron el 57%. Sin embargo, una vez más el partido judicial de Bilbao se elevó sobre la media general: si en 2008 los jueces de la capital vizcaína dieron 'luz verde' al 59 % de las demandas de protección, un año más tarde aprobaron el 74%.
La Fiscalia pide 81 años para unotorrino que reconoce haber tocado y grabado a pacientes.
El ministerio fiscal ha pedido una pena de 81 años y dos meses de prisión para Javier Pérez Obón, el médico otorrinolaringólogo que hoy ha reconocido ante la jueza del Juzgado Penal número 3 de Palma haber tocado de forma libidinosa a 31 pacientes y haber grabado a 27 de ellas en vídeo mientras lo hacía.
El juicio, celebrado este lunes, ha quedado visto para sentencia después de que 30 de las 31 víctimas hayan llegado a un acuerdo de conformidad con la defensa del médico por el cual este se compromete a abonar una indemnización de 3.000 euros a cada una de ellas --algunas de las cuales ya los han recibido--.
La única víctima que no ha aceptado la conformidad solicita una indemnización por responsabilidad civil conjunta y solidaria más alta (30.000 euros) por daños morales.
"Enfermedad Psicologica"
El médico, que pasaba consulta en un despacho alquilado en la Clínica Rotger de Palma, ha admitido que se aprovechó de su condición de profesional de la medicina para engañar a sus pacientes, hacer que se desnudaran, colocarles una serie de esparadrapos por todo el cuerpo y pincharles los pechos y las zonas genitales excusándose en que se trataba de pruebas diagnósticas.
Pérez Obón --que en su último turno de palabra ha pedido perdón a las víctimas-- ha reconocido que, además, a la mayoría de ellas las grabó en vídeo y las fotografió y que esas imágenes las almacenaba en el ordenador de su casa, donde luego las visionaba. El fiscal solicita un año y cuatro meses de cárcel en virtud de cada uno de los 31 delitos de abusos sexuales y otro año y cuatro meses por los 27 delitos contra la intimidad. Asimismo, exige una multa de 12 meses a razón de 4 euros al día, y pide su inhabilitación para el ejercicio de la medicina durante el período de la condena.
El acusado ha admitido las acusaciones, ha aceptado "íntegramente" la pena que para él ha solicitado el fiscal y ha alegado que su actuación no fue fruto de una casualidad, sino consecuencia de una "enfermedad" psicológica. Sin embargo, su letrado ha rechazado la petición de la indemnización de 30.000 euros que ha hecho una de las víctimas por considerar que no hay motivo para "pagarle diez veces más" que al resto de afectadas y que en la jurisprudencia no hay aprobadas cuantías tan elevadas para este tipo de situaciones.
Responsabilidad civil de la clinica
Del mismo modo se han pronunciado los letrados de la Clínica Rotger y del doctor Antonio Murcia (quien le alquiló el despacho a Pérez Obón), a los que se les pide esos 30.000 euros de responsabilidad civil conjunta y solidaria con el acusado por considerar que él actuaba como parte de un equipo y de la clínica. Ambos, junto con el defensor del acusado, han tachado esta solicitud de responsabilidad civil de "temeraria" y, como tal, han pedido que se rechace "de plano" y sea la acusación particular la que abone las costas procesales.
Según ellos, aunque la víctima que no ha aceptado la conformidad ha comparecido para explicar los hechos --visiblemente afectada y en compañía de su novio, que también ha declarado ante la jueza--, no ha quedado demostrado ningún daño moral diferente al del resto de afectadas.
La chica ha detallado que fue acompañada por su novio, pero el acusado no lo dejó pasar a la consulta, y que después de someterla a pruebas "extrañas" y "muy dolorosas", debido a las cuales acabó agotada, el otorrino la citó para un mes después porque, según le dijo, "podía tener un tumor en la cabeza".
"Yo no quise volver más, se lo dije a mi madre y no quise volver más", ha relatado la joven que, desde entonces, se encuentra recibiendo tratamiento psicológico, según han asegurado tanto ella como su novio.
Este, Alejandro Martorell, ha declarado que efectivamente la acompañó y que todo resultó muy extraño y que su novia ha sufrido problemas desde entonces que le han impedido continuar con sus estudios de graduado social en la universidad adecuadamente
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